La revista Derecho Público Económico, editada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, tiene como objetivo la difusión de investigaciones jurídicas y económicas dirigidas al público interesado de la comunidad local, nacional e internacional. El contenido de la revista es interdisciplinario, reuniendo artículos originales con enfoques socio-jurídicos, regulatorios y del derecho económico. Fundada en el año 2021, es una publicación de acceso abierto, en formato digital y libre de costos de procesamiento de artículos (APC); la cual cuenta con un sistema de evaluación por pares en la modalidad doble ciego para asegurar la calidad de su acervo editorial. ISSN (En línea): 2955-8603
El procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones y la gran ausencia del órgano instructor y de otras garantías menos favorables que las establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General
El presente trabajo busca analizar la importancia del órgano instructor y de otras garantías en el procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado desde un punto de vista administrativo y constitucional, según la Ley del Procedimiento Administrativo General y los criterios de diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
Derechos de autor 2026 Derecho Público Económico https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
El régimen legal de las sociedades de propósito exclusivo en materia de proyectos de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos en el Perú
A diferencia de la contratación pública tradicional, referida a las adquisiciones de bienes y a la contratación de obras y servicios, las operaciones en las que se exige la constitución de una provisión de servicios públicos (SPE), se configuran para proyectos de largo plazo, en las cuales es indispensable contar en calidad de contraparte contractual del Estado, a una organización empresarial debidamente constituida con las reglas previstas en la Ley General de Sociedades (LGS). Es decir, se debe contar con un sujeto de derecho que tenga la condición de persona jurídica. En este sentido, el autor busca ahondar en el régimen legal de las sociedades de propósito exclusivo para la gestión de infraestructuras y de SPE.
Constitución y ambiente: una aproximación
Se desarrolla un marco general de la relación entre Constitución y ambiente, sus antecedentes, sus procesos de constitucionalización ambiental, los apartados constitucionales y la constitución ambiental, la Constitución, los derechos humanos y el derecho al ambiente, los derechos complementarios al ambiente y el desarrollo infraconstitucional.
Mercados de carbono: alcances y desafíos para afrontar el cambio climático
Se desarrollan aquí los alcances teóricos y de evolución que ha tenido a nivel internacional el mecanismo de mercados de carbono. Teniendo como horizonte los tratados y compromisos internacionales referidos al cambio climático y adoptados por los Estados parte. Así también se analizan los avances y retos que afrontan tres países en la consolidación del mecanismo de mercados de carbono.
La consulta previa a los pueblos indígenas u originarios como política pública en el Perú
La presente investigación analiza cómo nuestro país viene reconociendo y ejecutando el derecho a la consulta previa en comunidades indígenas u originarias con especial énfasis en las comunidades amazónicas de Ucayali. Durante mucho tiempo estas comunidades han sido víctimas de distintos tipos de desastres, sobre todo de carácter natural, ecológico y social. Entre las diferentes afectaciones que han denunciado estas comunidades amazónicas, se encuentran el endeble proceso de «diálogo social» entre las autoridades políticas, los representantes de las empresas que buscan las concesiones de obras extractivas, y los comuneros y comuneras de este grupo de comunidades indígenas u originarias. Así, se busca evidenciar el incumplimiento del Estado peruano con estos grupos.
Cuna Más: una oportunidad potente del Estado para igualar y una primera reflexión para la universalización del servicio
La razón de ser de la existencia de los programas sociales está en la esencia de lo que es el Estado, actor fundamental en nuestra sociedad que concentra el presupuesto de la República, pero también punto de encuentro de la mayoría de las demandas de los demás actores de nuestra sociedad, sino de todas ellas. Así, es esencial en el Estado la universalidad de sus acciones. Todos somos iguales ante el Estado y los servicios que este brinda, y sus actividades no discriminan a quien a él acude. El presente artículo busca analizar el programa Cuna Más y cómo es un mecanismo para combatir la desigualdad.
Las infracciones en materia de contratación administrativa
En todo contrato administrativo debe participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio de función administrativa. La ley define qué se entiende propiamente por entidad, que en determinadas circunstancias puede incluir entes no estatales de derecho público interno, como los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. Este artículo busca explorar cómo, en el contexto de un proceso administrativo sancionador, se pretende primero una previsión especial, frente al administrado que comete la infracción; así como una previsión general, respecto del resto de administrados, para que ellos no cometan estas infracciones, pero enfocados en la satisfacción de necesidades públicas a través de la contratación administrativa. En este sentido, el autor se explaya sobre las distintas infracciones posibles en materia de contratación administrativa.
El control descontrolado. Los procedimientos de la Contraloría General de la República para el descargo de desviaciones o irregularidades en la gestión pública y su alejamiento de los derechos humanos
Durante el ejercicio de su gestión, los servidores públicos toman decisiones y ejecutan acciones para cumplir el encargo que se les ha otorgado, pero resulta que, además de la obligatoria revisión de facultades de estructuras legales y de políticas o planes de acción, deben revisar si su decisión implica riesgos de responsabilidad posterior. La razón para que ello ocurra es muy sencilla y se basa en una dualidad. Los resultados positivos de la gestión normalmente son propiedad de la institución y sus titulares. Y los problemas son propiedad personal de los servidores que los ejecutaron. Sobre la base de esta dualidad, en buena parte de las oportunidades, las decisiones son aletargadas por una revisión minuciosa de posibilidades. Esta mecánica origina que, luego de estas revisiones, no se opta por la solución más eficiente, efectiva o la de mayor calidad, sino por la menos riesgosa. Este artículo busca explayarse sobre los procedimientos de la Contraloría General de la República para el descargo de desviaciones o irregularidades en la gestión pública y su alejamiento de los derechos humanos.
Propuesta para la innovación de la fiscalización administrativa
La fiscalización administrativa se entiende usualmente como una potestad pública otorgada a los órganos de la administración para supervisar, controlar, vigilar e inspeccionar las actividades realizadas por los administrados, así como para verificar su adecuación a la regulación vigente. Es decir, comprobar el cumplimiento normativo. Si bien hoy esta norma aún se encuentra redactada de la misma manera en la actual Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), hay una diferencia desde diciembre de 2016 con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1272, que establece un marco conceptual y de regulación para la potestad fiscalizadora, aplicable de manera general y obligatoria a todos los niveles del Estado y sujetos involucrados. El presente artículo busca proponer un nuevo método para la innovación de la fiscalización administrativa, lo cual significaría un cambio en el modelo basado en un marco estrictamente legal o procedimental dominada por la disciplina jurídica, la búsqueda del orden público, entre otros mecanismos.
Con mucha satisfacción presentamos el Tercer Número de la Revista de Derecho Público Económico, que constituye un importante esfuerzo académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental para divulgar las diversas materias que componen esta importante área del derecho. La finalidad no solo es dar a conocer estas materias, sino también generar un relevante debate que permita conocer más a fondo las implicancias de la intervención de la Administración Pública en la economía. En este orden de ideas, notamos la necesidad de un conocimiento más profundo de esta materia donde aún existe muchas deficiencias tanto en el Estado como en el sector privado e incluso en círculos académicos. Una muestra de ello es la subsistente propuesta -que afortunadamente es minoritaria de la aprobación de una nueva Constitución, la cual tiene como objetivo, sobre todo, reformar el Título III de la norma, referido al Régimen Económico. Más allá del empleo del derecho constitucional para llevarnos a la conclusión que dicha aprobación es inconsistente, desde el punto de vista del derecho público económico y de la ciencia económica dicho título, no obstante ser perfectible, permite una adecuada tutela a las libertades económicas, la cual a su vez permite el crecimiento económico y la consiguiente reducción de la pobreza y la desigualdad, como ya lo hemos señalado anteriormente. Pero para ello como bien sabemos- es necesario, además, que exista una adecuada gestión pública, que permita una eficiente inversión en salud, educación, infraestructura, vivienda entre otras importantes materias de importancia social. Ello requiere una profunda reforma del funcionamiento del Estado, a fin de que genere resultados que favorezcan al interés general.
Las partes del contrato de concesión y la participación de los organismos reguladores en los procesos arbitrales
En el Perú, existe una imprecisión terminológica sobre la naturaleza de la concesión administrativa, básicamente influenciada por las reglas aplicables a la contratación pública general, que se sustenta en el régimen clásico de la Ley de Contrataciones del Estado. A partir de esta debilidad, se advierte que no existe una definición uniforme de los contratos de concesión como parte del modelo general que se encuentra recogido en el régimen de las asociaciones público-privadas. Ello ha generado un desborde en el tratamiento jurídico del contrato de concesión y en la delimitación del rol que deben desempeñar los distintos actores que inciden en su ejecución, entre los que se encuentran los organismos reguladores. En este sentido, el carácter especializado de los contratos de concesión, implica evaluar con detalle el papel que cumplen los sujetos que participan como partes en los contratos, teniendo en cuenta la complejidad de la concesión administrativa: i) a nivel del procedimiento de selección del concesionario estatal; ii) en relación al acto de otorgamiento de la misma como un título habilitante y iii) en la ulterior celebración del contrato de concesión. Por ello, es necesario corregir determinados errores y mitos que se han construido sobre el rol paradigmático de los organismos reguladores y su participación activa en la solución de controversias contractuales. El artículo analiza en forma crítica la forma en que se ha venido identificando el rol de los diversos sujetos que participan en el contrato de concesión, pero, a su vez, nos plantea alertas con respecto a las limitaciones normativas que hoy existen y que pudieran afectar a futuro la ejecución de estos contratos. En función de la experiencia comparada y de las diferentes reformas normativas aprobadas en los últimos años, el autor propone reformas que pueden ayudar a una ejecución más eficiente de los contratos de concesión.
¿Puede el Tribunal de Contrataciones del Estado realizar el control difuso de las normas legales mediante acuerdos de Sala Plena?
El régimen jurídico aplicable al procedimiento disciplinario en materia de hostigamiento sexual en las universidades
El presente artículo analiza el régimen disciplinario aplicable para casos de hostigamiento sexual en las universidades peruanas. En nuestro ordenamiento Constitucional no se reconoce de manera expresa la potestad sancionadora de la administración pública. Así, queda en el Tribunal Constitucional, a través de diversos pronunciamientos, declarar que el ejercicio de esta potestad resulta constitucional, siempre en cuando se respeten las garantías mínimas propias del derecho administrativo sancionador. Hoy se cuenta con el texto único ordenado de la ley, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. La importancia del establecimiento de este régimen en el caso peruano es innegable, pues desde la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG) se establecieron los límites y alcances del derecho administrativo sancionador. Se dejó por sentado que, si bien hay diferencias con el derecho penal, pueden compartir la aplicación de algunas instituciones y principios que sirven para el adecuado funcionamiento del sistema y una adecuada aplicación del ius puniendi del Estado. En este sentido, en el caso de los casos de hostigamiento sexual, en el artículo 90 de la Ley Universitaria, se ha establecido que se pueden dictar medidas preventivas, lo cual incluye la posibilidad de que el docente sea «separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga», alcanzando este régimen tanto a universidad públicas como privadas.
¿Es posible el arbitraje de consumo para resolver las controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y los consumidores?
El procedimiento administrativo de reclamación ha prevalecido como mecanismo de solución de las controversias entre las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y sus usuarios. Sin embargo, según la política pública de protección del consumidor establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se pueden implementar mecanismos alternativos para una mejor tutela de los consumidores. En el presente trabajo se explora la posibilidad de que se implemente el arbitraje de consumo para resolver estas controversias, y se identifican las ventajas y las desventajas del modelo actual de reclamación administrativa y del arbitraje de consumo. Se abre un espacio académico cuyo objeto es mostrar que el modelo procedimental actual puede revisarse y que existen otras formas de solución de conflictos y tutela del consumidor.
Alcances sobre el Derecho a la Movilidad Sostenible en el Perú (segunda parte)
En nuestra nueva entrega, mencionaré las nuevas normas relacionadas con la movilidad sostenible, debido a la recientemente publicación de la Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, la cual, según su artículo 1, tiene por objeto establecer el marco normativo para la gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos, elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad. También garantizar su uso público, a través del trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente de las instituciones y organismos competentes. Una de las mayores novedades de la Ley 31199 es la introducción del término «derecho a la ciudad», no como derecho propiamente dicho, sino incorporándolo dentro de lo que la norma denomina «principios a considerar para su aplicación, con una referencia al derecho al bienestar y a la movilidad, entre otros, que mencionaremos en el desarrollo de este artículo. Además, resulta importante revisar a nivel jurídico el esquema de responsabilidades de los funcionarios que emiten leyes, reglamentos, actos administrativos y declaraciones que afecten los derechos fundamentales directamente vinculados con la movilidad sostenible, para reducir el riesgo que las políticas dirigidas a la adopción de medidas e implementación de soluciones de movilidad sostenible se vean mediatizadas por decisiones basadas en cuestiones políticas o que respondan a intereses particulares, en desmedro de la ciudadanía.
Índices, libertad económica y las necesarias reformas de mercado a implementar
Es la economía social de mercado aquella que se encuentra consignada en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, y sin embargo, sin tener la idea clara se proponen múltiples afectaciones a la misma, a través de controles de precios, incorporación de delitos económicos, restricciones de actividades económicas o generando mayores regulaciones, cuando más bien se deben implementar reformas de mercado para la ansiada reactivación económica en un contexto complicado como el actual. Por ello, debemos implementar una adecuada tutela de la economía de mercado en nuestro país. Si revisamos el Índice de Libertad Económica, creado por el diario The Wall Street Journal y la Fundación Heritage, observaremos que nos encontramos bastante rezagados en esta materia. Resulta sorprendente que los planes de gobierno de los diversos partidos en las recientes elecciones no se hayan enfocado debidamente en este mecanismo tan importante para incrementar la recaudación tributaria. Se enfocaron, más bien, en otros aspectos importantes: la ampliación de la base tributaria y la reducción de la evasión y de la elusión, pues una mayor y mejor inversión privada incrementa el crecimiento económico, que genera mayores puestos de trabajo. Además, se requiere mayor inversión privada para reducir la desigualdad. El Estado debe fomentar la prestación de los servicios públicos y, en particular, la provisión de infraestructura. También se requiere que la inversión pública sea eficiente. Es decir, tener una mejor capacidad de gasto, que existe de manera limitada en la administración pública. Entonces, la desigualdad, y en particular la desigualdad en el ingreso, no proviene de la economía de mercado, sino de la falta de capacidad y de la corrupción en el Estado, que no invierte eficientemente en salud, educación, infraestructura y demás materias necesarias para reducir la desigualdad. No podemos olvidar que un elemento clave contra la desigualdad es la reducción de la informalidad, siendo esta un importante obstáculo para el crecimiento económico, pues, a mayor informalidad, se produce un menor crecimiento de largo plazo.
Las directrices de Naciones Unidas sobre protección al consumidor y lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú
Uno de los principios fundamentales de la llamada Constitución económica es el deber del Estado peruano de garantizar y defender los intereses de los consumidores y usuarios, tutelando el derecho de acceso a información clara, veraz, sencilla y oportuna sobre los bienes y/o servicios a su disposición en el mercado. En los últimos años se ha introducido un cambio de visión respecto a los conceptos de consumidor y relaciones de consumo tradicionales, abarcando ámbitos más amplios mediante la promoción de una actuación preventiva, proactiva y coordinada con diversas instituciones del Estado, ciudadanos y agentes económicos. En 2010 se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor (CDPC) mediante la Ley 29571, que desarrolla los derechos de los consumidores, los deberes generales de los proveedores, los contratos de consumo, las prácticas abusivas, la protección específica, las sanciones, la defensa colectiva y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Por su parte, el Indecopi es la autoridad nacional encargada de hacer efectiva esta protección y resolver controversias. Por otro lado, las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor constituyen un conjunto valioso de principios que establecen las características esenciales de leyes, instituciones y sistemas de compensación eficaces. El CDPC y la labor del Indecopi sintonizan y desarrollan los criterios y estándares de dichas directrices, constituyendo un marco legal propicio para garantizar el equilibrio en las relaciones de consumo.
Régimen Constitucional del derecho fundamental de propiedad
Nudges: Un pequeño empujón a la regulación. Su aplicación en las políticas contra la COVID-19
El presente trabajo busca difundir el concepto «nudges» (un pequeño empujón), perteneciente, inicialmente, a las ciencias del comportamiento y a la economía conductual; y su uso e influencia en la regulación y las políticas públicas de los Estados, así como su aplicación en las políticas públicas contra la COVID-19 en el mundo. Para ello, deseamos divulgar, por su parte, el concepto de «regulación» en su sentido amplio, no solo como función estatal, sino, especialmente, en su sentido de método de actuación estatal en la vida de la sociedad. Finalmente, adentrarnos en los ejemplos más emblemáticos de nudges, su implementación en el Perú y los nudges utilizados en algunas partes del mundo, ante la COVID-19.
Presupuesto por resultados (PpR): Una mirada a los programas presupuestales (PP) del sector justicia
El presente trabajo busca dar a conocer los programas presupuestales y las principales temáticas referidas a la celeridad de procesos de justicia que viene desarrollando el sector Justicia, realizando un comparativo desde su año de implementación a 2021. Ello permite evaluar cuál es el avance que ha obtenido en la asignación de recursos bajo la lógica de un presupuesto por resultados (PPR) y las recomendaciones para que el sector continúe con el fortalecimiento de sus programas presupuestales (PP) a través de considerar la revisión del diseño.
Con mucho gusto les presentamos el segundo número de la Revista de Derecho Público Económico. Como lo hemos señalado en la Editorial del Primer Número, la Revista tiene como objetivo ser un medio de publicación académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y, en particular, de la Maestría en Derecho Administrativo Económico, incluyendo a través de sus artículos diversos temas relevantes que abarcan desde el derecho constitucional económico hasta las contrataciones del Estado, pasando por las diversas formas de intervención administrativa que existen en la economía. Como lo hemos señalado anteriormente, el derecho público económico tiene por objeto determinar los parámetros de la intervención del Estado en la economía dentro del contexto de una economía de mercado o una economía social de mercado, que técnicamente es lo mismo —conforme lo establecido por el artículo 58 de la Constitución— y sin vulnerar los derechos fundamentales, generando resultados eficientes en el mercado, y obteniendo bienestar social. Sin embargo, notamos que existe mucho desconocimiento respecto de los principios y técnicas de esta rama de la ciencia jurídica, en especial en el Estado en general y en la administración pública, en particular, generándose políticas públicas en esta materia que, lejos de generar mejoras, se dirigen más bien a limitar libertades económicas; cuando más bien la reducción de la pobreza y la desigualdad requieren tanto una mayor libertad económica (que a su vez genera mayor inversión privada) como una eficiente gestión pública enfocada en la inversión pública en materia social, ya sea en salud, en educación, infraestructura, entre otros.
Alcances sobre el derecho a la movilidad sostenible en el Perú
En la actualidad más del 50% de la población mundial vive en las ciudades y se espera que para el año 2030 dicho porcentaje llegue a 60%. En el caso de América Latina, se estima que el 80% de su población vive en ciudades. Por ello, millones de personas requieren satisfacer sus necesidades básicas, trabajo y ocio a través de desplazamientos, de una manera sostenible y salvaguardando su integridad. Sin embargo, gran parte de las veces dichas condiciones no se cumplen, siendo la situación claramente crítica en el Perú
Fundamentos para otorgar autonomía constitucional al INDECOPI
En el presente artículo abordaremos diversos aspectos que revelan la relevancia constitucional del mandato funcional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi), que además es la entidad administrativa investida como la autoridad nacional de protección del consumidor en el país. Presentaremos, asimismo, los fundamentos para otorgar autonomía constitucional al Indecopi. Para este propósito, nos referiremos en detalle al conjunto de funciones que han sido confiadas al Indecopi para defender al ciudadano en su dimensión de consumidor, asegurar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo y proteger los activos intelectuales que generan valor. Estas funciones y su ejercicio institucional, en nuestra consideración, se proyectan como un sistema de significativa relevancia constitucional, lo cual sustenta la necesidad y conveniencia de instaurar a este instituto como un ente constitucionalmente autónomo.
Los impedimentos para contratar con el Estado y los principios de libre concurrencia y competencia
Análisis Constitucional de la eliminación del régimen de contratación administrativa de servicios en la administración pública
Esta investigación analiza la problemática presentada en el ordenamiento jurídico nacional con el surgimiento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Administración Pública, haciendo un recuento de sus antecedentes evolutivos normativos y jurisprudenciales, en el contexto de su eliminación a través de la Ley 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, aprobada por insistencia del Congreso de la República, el pasado 9 de marzo de 2021, en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú, que permite al Parlamento, a pesar de las observaciones hechas por parte del Ejecutivo, eliminar finalmente el Decreto Legislativo 1057, del sistema jurídico peruano, como solución definitiva frente a la desigualdad .
Un análisis de las implicaciones de la asignación de talento humano en las agencias públicas de enforcement
Marco teórico para entender (y enfrentar) los problemas de desempeño, integridad y corrupción en el sector público
El principio de subsidiaridad empresarial del Estado
Las medidas de salvaguardia en la Comunidad Andina
El sistema de inversión pública (Invierte.pe) y los desafíos que enfrenta para mejorar la ejecución de la inversión pública: ¿un error de diagnóstico?
La inversión pública en el Perú, en el último quinquenio, ha venido reportando los niveles más bajos de ejecución de inversión de, por lo menos, los últimos quince años, a pesar de haberse modificado el sistema de inversión pública (Invierte.pe, que reemplazó al SNIP), luego del anuncio del nuevo esquema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué, si se elim inó el SNIP por el Invierte.pe, no se tradujo ese cambio en una mejora de la inversión públic a? ¿Fue un error de diagnóstico? En el presente trabajo, buscamos encontrar una respuesta que trate de explicar los bajos niveles de ejecución de la inversión pública que se viene reportando en los tres niveles de gobierno, así como algunas propuestas de mejora.